Los Notarios no pueden impedir que el usuario tome fotografías de las escrituras públicas y cuando se les requiera deberán expedir copias simples únicamente cobrando el valor de reproducción proporcional y ajustado a las condiciones del mercado.
El RUT tiene vigencia indefinida por lo que solo se requerirá su actualización cuando se sucedan eventos que modifiquen la información contenida en él.
Aspectos relevantes:
– La actividad de servicio turístico debe estar permitida expresamente en los reglamentos
– Los propietarios de los inmuebles deben registrarse en el Registro del Viceministerio de Turismo, así como a sus unidades dispuestas para ese fin
– Las páginas en que se publicite el inmueble deberán exigir a su anunciante el registro turístico del inmueble
– Los administradores deberán denunciar ante la SIC la explotación turística de bienes privados que no cuenten con permisos o no esté permitida la actividad en sus reglamentos
– Se sugiere a las copropiedades que permitan la explotación turística que incluyan en sus reglamentos un capítulo de procedimientos y controles a la actividad
El 5 de septiembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial 52.148 la modificación a los numerales 2.3 y 2.4. de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, que trata sobre fijación de precios y propinas, aspectos que son de interés no sólo de los operadores del sector de alimentos y bebidas, sino de todos los consumidores en el país.
Aspectos relevantes:
– Se vuelve obligatoria la presentación de listas o cartas impresas, quedando las digitales como alternativas complementarias
– Los precios no se podrán fijar de manera determinable, derivando a expresiones que no coincidan con el sistema nominal de unidad de la moneda (es decir se prohíben expresiones como “Expresado en miles”, “Según Tamaño”, “20K”, “Según peso”, etc.)
– La propina será voluntaria y deberá solicitarse permiso de inclusión en la cuenta de manera previa a la expedición de la factura
– No será obligatoria la inscripción en páginas web, redes sociales o la aportación de datos personales para acceder a los precios de los productos y servicios.
Deroga ampliación de plazos del derecho de petición (decreto legislativo 491 de 2020)
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